El Parlamento de Cataluña, por acuerdo de PSC, CIU y PP, ha rechazado la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre trasngénicos impulsada por la plataforma
Som lo Que Sembrem. En realidad esta primera votación era un primer trámite para decidir si se debatía el asunto en el Parlamento, por lo que ni siquiera se ha entrado al debate en el Parlamento a pesar de las 105.896 firmas de apoyo, 69.043 de ellas validadas por la Junta Electoral.
El PSC, CiU y el PP alegaron que Cataluña no tiene competencias para poder desmarcarse de la directiva europea que autoriza el cultivo de maíz Bt. La propuesta de tramitar la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en comisión fracasó al contar con el apoyo de 35 votos de ERC, ICV-EUiA y el Grupo Mixto, frente a los 95 contrarios de PSC, CiU y PP. La votación ha sido secreta (
"La sola mención de la palabra "secreto", debería ser rechazada en una sociedad libre y abierta" - J.F.K.) a solicitud de los grupos parlamentarios de ERC e ICV-EUiA, que han recogido formalmente la demanda de los promotores de la iniciativa. PSC, CIU y PP han demostrado, de nuevo, su complicidad y vínculos con el mundo empresial y con el poderoso sector de los "agronegocios" y de la industria agroalimentaria.
Pero ERC e ICV si bien han apoyado formalmente a la
ILP, a la hora de la verdad han optado por la posición cómoda de mirar para otro lado frente a la política del PSC, obviando que son socios de su gobierno, y han guardado un triste silencio cómplice durante todo el proceso. Por omisión, ERC e ICV tienen también una gran responsabilidad en el bloqueo de la
ILP. En lugar de rechazar tajantemente los transgénicos, se limitan a impulsar el debate:
"Lo que nos interesa, más allá de la prohibición, es que la sociedad catalana debata la cuestión de la producción y el consumo de organismos genéticamente modificados", apuntó Carmel Mòdol, de ERC. Esto indignó a los miembros de la plataforma Som lo que Sembrem, impulsora de la iniciativa.
Pese a las 105.896 firmas de apoyo, 69.043 de ellas validadas por la Junta Electoral, la I
niciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía prohibir el cultivo de transgénicos en Cataluña no superó su primer trámite en el Parlament. El gran apoyo popular en los últimos meses, como las manifestaciones en
Zaragoza del 18 de Abril y en
Barcelona el 28 de junio o la
huelga de hambre impulsada por seis miembros de Som lo que Sembrem, instalados a escasos 50 metros del Parlament, demuestran el gran interés de la sociedad civil por promover esta iniciativa. Una iniciativa que surgió de la manifestación de Barcelona es el
Manifiesto por una Alimentación Buena, Limpia, Justa y sin Transgénicos, el cual te animamos a firmar.
La ILP era un paso más del movimiento contra los transgénicos que desde hace años ha venido confrontándose a los intereses de las grandes empresas del sector y sufriendo la indiferencia, cuando no la criminalización directa, de la administración, las instituciones y los partidos gobernantes. La
ILP contra los transgénicos exigía la prohibición del cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en suelo agrícola, el etiquetado de los alimentos transgénicos, una moratoria al desarrollo de OGM y la investigación independiente de sus efectos sanitarios y ambientales. El sindicato
Unió de Pagesos emitió un comunicado en el que se denunciaba la amenaza que suponen esos cultivos y deploraba que no se abriera el debate abierto que demanda la sociedad civil. Los intereses empresariales se han impuesto, una vez más, por encima de los intereses populares y de los estudios e investigaciones científicas independientes lo que vuelve a demostrar, a los que lo quieran ver, que no vivimos en democracia y que no podemos relajarnos en la lucha por la libertad y la soberanía popular.
No hay que olvidar que Cataluña es uno de los territorios de la Unión Europea donde se cultivan más transgénicos. Cataluña lidera, con Aragón, la producción de maíz Bt, el único organismo modificado cuyo cultivo se permite en la Unión Europea. En casi la mitad de las hectáreas catalanas dedicadas al maíz -22.447 de 42.272- crece esta planta, que es capaz de resistir a una plaga que afecta especialmente a los cultivos del valle del Ebro, gracias a una modificación patentada por la multinacional Monsanto. Cataluña es, pues, líder en España, y España concentra el 75% de la producción de maíz Bt en la UE. Otros países de la Unión, como Austria, Grecia y Hungría, han prohibido esta variante porque dudan de su inocuidad. El último que lo hizo, en abril pasado, fue Alemania. Tampoco existirá en Cataluña la denominación protegida 'libre de organismos modificados' como pedía la ILP. Actualmente, la UE sólo obliga a etiquetar los productos que contienen más del 1% de ingredientes transgénicos, pero países como Alemania han creado sellos parecidos al que reclamaban los promotores de la ILP fallida.
En otras Comunidades Autónomas se ha llevado a cabo otra política al respecto. Por ejemplo, el Gobierno vasco opina de otra forma. Como Canarias y Asturias, Euskadi ya se declaró hace dos años "libre de transgénicos". En abril, el Ejecutivo de Vitoria llenó esta proclama de contenido legal: aprobó un decreto que, con la excusa de regular la coexistencia entre cultivos convencionales y modificados, pone tantas condiciones a los agricultores que quieren cultivar maíz Bt, que supone 'una prohibición de facto', según ese Gobierno. En Cataluña, la redacción de un decreto similar quedó abortada en 2005, cuando un borrador que elaboraba el Departamento de Agricultura enfrentó a ICV y el PSC. No existe, pues, una norma que establezca, por ejemplo, qué indemnizaciones deben pagar los agricultores que plantan maíz Bt en sus campos si esta planta contamina los cultivos convencionales adyacentes.
(gráficos de la evolución y producción de los cultivos transgénicos en el mundo)También hay que decir que, a pesar de lo positivo que es, se prohíben cultivos transgénicos en lugares donde no se puede cultivar ese cultivo o no hay una gran producción tradicionalmente, por lo que a veces las iniciativas en este sentido, más que prácticas son oportunistas y populistas. En el norte de España nunca se ha producido maíz a gran escala. Prohibir el maíz Bt en zonas no productivas es mucho menos transcendente y tiene menor impacto en las cuentas de las agroindustrias que prohibir el maíz transgénico en Aragón o Cataluña, que por sus condiciones están entre las grandes productoras de maíz. Por ejemplo, sabemos que
Alemania prohibió hace poco el maíz transgénico, pero ¿sabemos que
han aprobado el ensayo con la patata transgénica Amflora?
(Éstos son los políticos que nos representan: ninguno)
El debate para ver si se entraba al debate empezó en el Parlamento con la intervención de Alexis Inglada, miembro de la Plataforma impulsora de la
ILP.
"Nos decepciona que no estemos al lado de la Europa que frena los transgénicos". El portavoz de Som lo que Sembrem, Alexis Inglada, argumentó que Cataluña
"es el territorio europeo que más transgénicos cultiva", lo que a su juicio obliga al Parlamento a preguntarse qué hay que hacer con esos cultivos y su etiquetaje, puesto que
"los consumidores cuando adquieren un producto que ha sido modificado genéticamente no lo saben" como añadió.
"Lo único que pedimos es mantener un debate tranquilo y sereno sobre esta cuestión", proclamó Alexis Inglada, un payés de 31 años, en nombre de los promotores de la
ILP en la tribuna de oradores, ante el consejero de Agricultura, el socialista Joaquim Llena y los consejeros ecosocialistas Francesc Baltasar y Joan Saura. Alexis Inglada ha explicado los cuatro puntos de que consta la
ILP:
1.- que se prohíba el cultivo de transgénicos2.- que Catalunya se declare territorio libre de estos cultivos3.- que se incluya la obligación, a quien comercialice este tipo de productos, de identificarlos en el etiquetado como productos que contienen organismos modificados genéticamente4.- que se abra una línea de investigación y trabajo sobre los efectos de los organismos modificados genéticamente en la salud humana, los ecosistemas, la biodiversidad y el ámbito socioeconómico.Se recordaron casos locales como el de Juli Bergé, un payés que perdió su cosecha ecológica porque resultó contaminada por el maíz Bt de los campos vecinos. Así que
"los payeses que quieren cultivar maíz ecológico no pueden hacerlo", aseguró Inglada, mientras el tripartito, favorable a los transgénicos, se oponía a su prohibición apelando a la
"libertad de los agricultores para decidir qué sembrar".
A las puertas del edificio, junto a un centenar de manifestantes que increparon a los políticos,
Josep Pàmies añadía:
"Se quejan de la desafección, pero hoy muchos jóvenes se marcharán de aquí preguntándose para qué sirve votar". De hecho, el movimiento había optado antes por actos de desobediencia civil. Josep Pàmies es un payés unido al movimiento activista antitransgénicos que fue
acusado de desobediencia a la autoridad y lesiones y al que se le pedía una pena de 4 años de prisión y una indemnización de 50000€ un año después de participar en unos actos de reivindicación. Tras un pequeño forcejeo a la entrada de un estamento oficial aquel día, los manifestantes entregaron sus documentos de identificación a la entrada y pudieron entrar libremente para hablar con los políticos y entregarles sus estudios sobre los efectos nocivos de los cultivos transgénicos. Meses después se le impuso una querella por lesiones y desobediencia a la autoridad por el forcejeo y una supuesta lesión grave en la mano de un guardia civil. Una lesión que ya tenía (como quedó demostrado en el juicio por las evidencias fotográficas de aquel día y por el historial médico del agente, que reflejaba una operación anterior en esa misma mano tras una lesión grave) y de la que se aprovecharon los instrumentos represivos del sistema autoritario en el que vivimos para encausar a Josep. Hace un año más o menos se le absolvió de los cargos de lesiones pero, a pesar de haber accedido al edificio público habiéndose identificado, se le mantuvo la acusación de desobeciencia a la autoridad, se le proclamó culpable y fue obligado a pagar los costes del juicio y la multa correspondiente, en total unos 15000€. Como resultado del proceso surgió una
plataforma en apoyo a Josep Pàmies y al concluir el juicio de manera tan injusta se decidió darle una vuelta de rosca al asunto y crear la
plataforma Som lo que Sembrem para continuar presionando a los políticos y poder presentar la
Iniciativa Legislativa Popular en contra del cultivo de transgénicos.El presidente del Parlamento, Ernest Benach, tuvo que expulsar de la cámara a los integrantes de esta organización que, al ver fracasada su iniciativa, gritaron
"muera el mal gobierno", "salud, democracia y buenos alimentos", "vergüenza" o
"viva la tierra". Los compañeros que le escuchaban la abandonaron al grito de
"visca la terra, mori el mal govern!", prestado de los segadors de 1640.
El Parlamento Catalán ha dado la espalda, una vez más, a los movimientos populares. Pero esto no podrá parar y no ha de parar a un movimiento que ha conseguido poner encima de la mesa el debate sobre los transgénicos, sensibilizar a miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo y organizar un amplia campaña en contra de la industria de los agronegocios. Iniciativas como la impulsada por Som lo que Sembrem son necesarias para crear una red y para organizar los movimientos desde abajo. Debemos seguir trabajando para el fortalecimiento de este movimiento y buscando también las confluencias entre las diferentes experiencias y campañas que se oponen a las políticas represoras.
En un momento en el que se agrava la crisis ecológica, energética, financiera y social contemporánea y en el que cada día nos vemos más amenazados por la pérdida de libertades promovida por los estados, necesitamos respuestas globales y un cambio de paradigma. En la lucha por la verdad y la justicia no se puede ir a medias ni ser moderado. En la lucha por la libertad hemos de ir a la raíz de los problemas.
Hoy más que nunca seguimos revindicando una mundo libre de transgénicos. Transgénicos NO. Ni aquí ni en ninguna parte!
fuentes:
Para que todo esto sea posible es imprescindible un proyecto conjunto entre agricultores, consumidores y administraciones que asegure la protección de los espacios agrícolas en el entorno de las ciudades. Espacios que tienen un gran valor paisajístico ya que humanizan el entorno urbano; un alto contenido social pues permiten la producción de alimentos ecológicos y un gran valor ambiental al actuar de pulmón verde en el entorno periurbano.
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